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Manfiesto

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Asimistmo es un medio digital independiente comprometido con la investigación y exposición de temas de interés en Panamá. Desarrollamos nuestras historias durante semanas o meses contando las exclusivas de forma extremadamente detallada y de manera secuencial "hablando de...".

Ahora estamos hablando de...

Eduardo Guevara y el Ministerio Público

Este personaje público aparece con cierta frecuencia concediendo entrevistas en los medios de comunicación y sentando cátedra en conferencias de instituciones del Estado y otros organismos. Exfiscal y en la actualidad ejerciendo como conferencista y abogado de casos de alto perfil y mediáticos, su cédula indica que es una "persona especial", algo innegable. A través del analisis de la figura de Eduardo Enrique buceamos en el funcionamiento del Ministerio Público y la administración de Justicia en Panamá.

NUEVO Terror en el Ministerio Público

La increible historia del empresario internacional Emilio Ayllón, digna de una película, quien contrató los servicios del conferencista, profesor de derecho procesal penal, Doctor en Francia y abogado mediático Eduardo Guevara a través de su firma Guevara Legal Bureau sólo para lamentarlo. La conducta de Guevara está muy en línea con la definición de "malo y miserable" con la que textualmente le definió la ahora ex Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, en una conversación filtrada en los Varelaleaks con el ex presidente del gobierno de la República de Panamá Juan Carlos Varela y de la que hablamos en nuestra entrega anterior sobre la biografía de Eduardo Guevara y en consonancia también con otros hechos descritos en esa misma entrega y los testimonios de otras personas que conocen a este personaje público.

Ayllón había apostado por invertir en Panamá y estaba tratando de radicar una sección de uno de sus negocios en el país creando empleos de calidad que se desarrollarían en un local de su propiedad adquirido con anterioridad y al que le quería realizar mejoras de caracter integral. El empresario contrata a una empresa de construcción que opera bajo la apariencia de legalidad pero que, como descubre posteriormente, ninguno de sus empleados tiene idoneidad para diseñar o ejecutar obras. Para colmo, la persona que aparece como arquitecto responsable en el registro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, como es preceptivo, lo está de manera meramente nominal y no trabaja allí como ella misma confiesa en mensajes por escrito. La empresa se quedó con el abono inicial del 50% del total del proyecto que Ayllón les había transferido y demuele lo suficiente el local para convertirlo en inutilizable y abandona el mismo. La empresa incluso trata de obtener dinero adicional por parte de su víctima alentado por un potencial regreso a la misma.

Ayllón contrata los servicios de Eduardo Guevara y su firma Guevara Legal Bureau tras intentar de forma exhaustiva recuperar su inversión de manera amistosa infractuosamente. Guevara confecciona una querella minimalista con el fin de acercar a un acuerdo a los presuntos estafadores, quienes además causaron daños y ejercieron actividades de construcción sin contar con la idoneidad necesaria. Lo es tanto que incluso Ayllón le tiene que solicitar a Guevara añada un email auto inculpatorio de uno de los querellados pues de otra manera no se argumenta por qué esta persona es querellada. El entendimiento es que Guevara presentará el resto de las numerosas pruebas si no se llega a un acuerdo con los querellados. Algunas actitudes del abogado, doctor en Francia y profesor de derecho procesal penal han llamado la atención de Ayllón pero ya ha contratado los servicios de Guevara abonando miles de dólares y, por sí mismas, no son conclusivas de un comportamiento inadecuado del abogado.

Los hechos querellados son tan evidentes que, por fin, el gerente de la empresa que es también uno de los querellados accede a llegar un acuerdo en cuanto la acción penal es aceptada por el Ministerio Público. Sin embargo, los otros cuatro querellados, quien contribuyeron a la estafa, efectuaron daños y ejercieron sin idoneidad, se niegan a firmar ese acuerdo, incomprensiblemente, a pesar de que ellos no deben compensar economicamente a Ayllón y sólo aceptar su desestimiento. No aceptar el acuerdo carece de sentido; por una parte se arriesgan a acabar con antecedentes penales e incluso en el caso de que el proceso acabe en absolución deberán pagar sus costas legales pues así lo establece el procedimiento judicial para causas penales. La única vía que les beneficiaría continuar el proceso es en el muy remoto supuesto de que se encuentre que la querella ha sido presentada de manera temeraria o de mala fe lo que les habilitaría a solicitar resarcimiento por los daños originados por la acción legal. Sin embargo, existe numerosa evidencia de los tres delitos que se les atribuyen. Al parecer, además, ha contratado cada uno representante legal por separado lo que maximiza sus gastos legales.

A pesar de este extraño hecho que Ayllón ni el gerente de la empresa entienden acceden a llegar a un acuerdo de resarcimiento entre ambos y el querellado incluso ha preparado un cheque de gerencia de un banco de la plaza confeccionado a nombre de Ayllón para asegurar el cobro, pero el acuerdo es torpedeado con un cambio a unas pocas horas de ser firmado sobre lo ya acordado por ambas partes y que Guevara le envía a su cliente, Ayllón. El acuerdo original, confeccionado por un reputado abogado que representa al gerente contenía de forma expresa una cláusula por la que los querellados firmantes expresaban de forma explicita no haber sufrido daño por la acción penal de Ayllón lo que inhabilitaría cualquier replica judicial a raíz del proceso argumentando temeridad o mala fe. Esta cláusula es reescrita de forma que ya no establece eso y lo es de tal manera que el cambio puede pasar inadvertido para Ayllón quien sin embargo lo detecta a pesar de contar con poco tiempo para reaccionar. El cambio es compatible por tanto con la hipótesis de poder facilitar una solicitud de resarcimiento por parte de los otros querellados al querellante, opción aún remota porque tendría que demostrarse ausencia de evidencia, temeridad y/o mala fe en la presentación de la querella.

Los metadatos [1] del archivo proporcionado por Guevara a su cliente son claros. El archivo ha sido editado por última vez por Guevara 2 días antes de que este se lo envíe a su cliente a última hora. Ayllón avisa a Guevara del cambio pero oculta la información que proporcionan los metadatos por miedo a una posible represalia y darle sentido a lo que parece estar pasando y le pide expresamente que comunique a su contraparte que cancela la celebración del acuerdo por este hecho, pero este no lo llega a hacer como muestran unas capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp entre Guevara y el abogado del gerente de la empresa [2] que este, desesperado por llegar al acuerdo, le envía a Ayllón para evidenciar que ni él ni su abogado han realizado cambio alguno al acuerdo, que por otra parte ellos mismos habían confeccionado originalmente, y que tampoco han realizado cambios, algo que es coherente con la información que proporciona los metadatos que Ayllón ha observado y que tampoco comparte con este.

Lo que si que envia Ayllón a su contraparte es una foto con el cambio exacto realizado en el archivo, contraponiendo ambos textos [3], lo que le es a esta, presumiblemente, suficiente para llegar a la misma conclusión de lo que está pasando y, poco después, le indica a Ayllón su cambio de parecer y que ya no desea llegar a un acuerdo.

Guevara permanece completamente silente por semanas tras estos hechos cuando, por el contrario, la lógica indica que es en ese momento cuando debería llevar a cabo todas las acciones legales dentro del proceso para que este progrese, entre otras presentar las pruebas y solicitar las acciones investigativas necesarias. Ayllón ante esto contacta a Guevara quien simplemente le da alguna información, que más adelante se demostrará parcial, sobre el estado del proceso luego de cuatro meses desde la presentación de la acción penal.

Un mes más tarde tanto Guevara como el gerente de la empresa contactan a Ayllón para indicarle que el abogado de este renuncia a representarle y que ha contratado a otro. Este nuevo abogado contacta días más tarde a Ayllón directamente [4], algo contrario al código ético del Colegio Nacional de Abogados. Ayllón que está tratando de documentar la situación más allá de duda razonable le indica que contacte a su abogado, Guevara, e informa a este de este evento lo cual no provoca ninguna reacción de Guevara, es más, parece querer incitar que este se comunique con él directamente a lo que Ayllón le tiene que explicar que NO tiene intención de puentearle [5]. Resulta además que una investigación por parte de Ayllón determina que el nuevo abogado, un completo desconocido en contraposición al perfil de su predecesor, es el hermano del fiscal superior Aurelio Vásquez, conocido en todo el país por haber sido denunciado públicamente por varias personas por incluir pruebas falsas y sustraer evidencia en varios casos penales, inconexos entre sí, en los que él fungió como fiscal.

Guevara informa a su cliente de que va a hacer unas solicitudes en su nombre a la fiscalía sin determinar su contenido exacto. Al mismo tiempo le adjunta una nueva propuesta recibida por él abogado de la contraparte -el hermano de Aurelio Vásquez- la cual contiene una claúsula letal para los intereses de Ayllón porque sería admitir que este presentó una querella penal contra 5 personas a pesar de que el asunto sería de materia civil a sabiendas [6], algo que naturalmente no corresponde con los hechos querellados. Esto, de nuevo, apuntaría a una querella temeraria y abocaría a Ayllón a tener que resarcir a todos los querellados, un total de cinco. Guevara envío esta propuesta a su cliente sin advertirle del significado de esta claúsula. Al detectar este la misma y preguntarle por qué no ha señalado la dimesión de la mimsa Guevara indica que, según su doctrina, [7], al no haber aceptado este el primer acuerdo ahora no se veía obligado a aportar su asesoría al presentarle esta nueva propuesta.

Ayllón pide recibir copia de los documentos presentados por Guevara ante la fiscalía en su nombre, quien se muestra reacio a mostrarlos, pero se ve abocado ante la insistencia. En ella hay 2 documentos, por un lado una petición a 2 juzgados de la ciudad para que estos certifiquen que uno de los querellados tiene otras causuas judiciales abiertas y que no guardan absolutamente ninguna relación con el proceos. En la otra, Guevara solcita a la fiscalia desplazarse a la empresa de los querellados y solicitar copias certificadas de las hojas de vida de los querellados, lo que carece de relevancia penal, y, mucho más inapropiado, revisar emails de los mismos, sin especificar las direcciones de emails a inspeccionar, si son los personales o de empresa, sin fechas y horas de los mensajes a identificar, como suena, algo absurdo en el procedimiento pues estaría violando derechos fundamentales de privacidad de los querellados y, de nuevo, apuntaría a una actitud temeraria, esta vez dentro del proceso [8]. Se entiende que es imposible que un abogado penalista con varias décadas de experiencia, ex fiscal, doctor en Francia y profesor de *derecho procesal penal* no sepa lo que esta haciendo.

Guevara comienza a presionar a Ayllón para que le firme un finiquito para terminar la relación abogado-cliente y que este se busque otro abogado. En un primer mensaje le dice que espera que encuentre que le está ofreciendo una salida "civilizada", lo que implicitamente da pie a pensar que en su universo Guevara puede manejar otras salidas que no lo sean. En un segundo mensaje, que la integridad jurídica de ambos, de Guevara y Ayllón, peligra si no sigue esta instrucción y en una reunión posterior indica que el acuerdo entre ambos le evitará un desenlace traumático de su proceso. Es posible por lo tanto entender que el conjunto de estos 3 mensajes son intimidatorios. Ayllón graba la reunión con Guevara como viene haciendo con las conversaciones telefónicas y todas las reuniones con cualquier parte en esta insolita historia como salvaguarda. En ella se puede apreciar esa amaneza más el testimonio explicito de su mala praxis en el proceso.

Ante la ya abultada evidencia de la conducta de Eduardo Guevara que apunta a una muy probable conspiración, primero con hasta 4 de los 5 querellados y posteriormente con el restante, Ayllón, que ahora sabe en qué fiscalía se encuentra su expediente gracias a los sellos de recibido que costan en las copias de las diligencias que le ha solicitado a Guevara, determina visitar la misma con urgencia, a la mañana siguiente de esa reunión, para registrar la única prueba idónea en formato físico que obra en su poder, una copia autenticada del informe de daños a su propiedad realizado por un arquitecto idóneo y también aportar copia de todos los datos de las transferencias de dinero realizadas a la empresa usada para estafarle y solicitar a la fiscalía en base a esos datos que instruya al banco receptor confirmar las mismas y montos. De esta manera, a la espera de un peritaje de los emails recibidos de los querellados que documentarían ya completamente los delitos, espera poder acabar con cualquier plan tendiente a archivar el proceso y/o que se pueda considerar temeraria su querella como las distintas acciones y omisiones de Guevara vienen apuntando. Para colmo, Ayllón ha descubierto que el fiscal superior al cargo de la sección del Ministerio Público donde ha aterrizado su expediente es nada menos que Marcelino Aguilar, alter ego de Aurelio Vásquez, con quien incluso anda por esos días paseando por los medios de comunicación nacionales [10] haciendo propaganda de los supuestos logros del Ministerio Público. Aguilar, al igual que Vásquez, ha sido denunciado públicamente, e incluso querellado, por haber falsificado pruebas en los expedientes en los que ha fungido como fiscal e incluso lo fue, junto con el propio Aurelio Vásquez, en el muy mediático "caso pinchazos" donde varios testigos propuestos por la fiscalia declararon en contra de la propia fiscalía, a cargo de Vásquez y luego Aguilar, indicando que esta había manipulado pruebas e incluso un perito informático del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, IMELCF, avisó de las presiones de la fiscalia en su trabajo, que su teléfono y el de su esposa habían sido intervenidos ilegalmente y que incluso trataron de que fuera cesado en esa institución del Estado por no plegarse a sus abusos.

Ya en la fiscalía le indican que NO puede registrar su petición en el momento y debe ser convocado para declarar para ello y le entregan una citación al momento para la semana siguiente. Ayllón considera entonces que tiene tiempo entretanto para añadir los emails que constituyen evidencia convenientemente extraidos y peritados por un perito informático forense privado, lo cual tendría validez probatoria a diferencia de las escasas y menos relevantes copias simples de emails presentadas por Guevara, y contacta telefónicamente con una de las firmas de peritaje forense más relevantes de Panamá donde le indican que debe llamar al día siguiente pues la perito informático no se encuentra. Al llamar al día siguiente habla con la forense quien le da una explicación del procedimiento insólita a Ayllón, literalmente consistente en "Ud. abre sus emails por Zoom y yo voy anotando lo que veo en la pantalla". Ayllón es experto en integridad de emails, con más de 20 años de experiencia profesional, debido al perfil tecnológico de sus negocios y su formación universitaria como ingeniero de telecomunicaciones. A la insólita respuesta que sólo consigue explicar si las llamadas de su celular están siendo monitoreadas y la perito ha recibido algún tipo de instrucción para dar esa respuesta entre ambas llamadas se añade que a los dos días la línea de su celular, de la que lleva disponiendo más de 12 años, es abruptamente desconectada por su operador y no existe subsecuentemente ningún dato asociada a la misma según le confirma un agente de Digicel [11] y después un asesor de ventas en tienda de la misma compañía quien además le indica que el número está disponible si lo desea. Ayllón consigue salvar los Whatsapps asociados a su línea, donde también hay mensajes incriminatorios de los querellados, asociándola inmediatamente a una nueva línea telefónica de otro operador. Entretanto, Ayllón descubre, para colmo, que la perito con la que ha hablado y Eduardo Guevara se conocen personalmente incluso existen videos en youtube de ambos conversando amigablemente.

Con lo anterior es evidente que la situación cobra tintes aún más mafiosos de los que ya venían pareciendo. Ayllón decide realizar todas sus llamadas telefónicas convencionales a partir de ese momento vía Skype, las cuales no pueden ser monitoreadas con facilidad. A la vista de que ni siquiera es posible confiar en una firma informática forense en Panamá acude a una notaría para realizar una tarea parecida a la que haría un perito informático, un acta de apertura ante notario de los emails que quiere adjuntar como probatorios que incluye copias de los mismos y un breve listado de lo relevante de cada uno, así como los datos de las transferencias de los pagos realizados. Si bien esta acción no tiene validez pericial le servirá para ser entregada en la declaración de tal manera que la fiscalía ya no podrá decir que no dispone de indicios para proseguir el proceso y hace así más remota la posibilidad de que pueda interpretarse la querella como temeraria. Ayllón además se pone en contacto con una de las principales firmas de informática forense en Europa para realizar la extracción de emails ante un notario allí, concretamente en Madrid, con exactamente los mismos emails. Esta acción notarial convenientemente apostillada tiene validez legal en Panamá.

Ayllón no le ha dicho a Guevara que ha asistido a la fiscalía y que allí ha sido convocado a declarar, pero justo la noche antes de hacerlo y a altas horas como parece ser costumbre en Guevara, envía un email a Ayllón indicando que va a hacer una petición en su nombre en la fiscalía. Es razonable inferir que Guevara conoce que Ayllón va a declarar a primera hora de la mañana siguiente y que interprete que el motivo de Ayllón para acudir vaya a ser revocar el poder que le ha otorgado como su abogado en vista de los "avisos" que le ha realizado para evitar consecuencias "traumáticas". Es por tanto también razonable pensar que la petición que Guevara quiere realizar en nombre de Ayllón es de la que le avisó en su reunión. El adjunto de Guevara es la petición de INCAUTACIÓN de la cuenta de email de Ayllón [12] y de la que de una manera casual ya le había hablado antes. Los metadatos le vuelven a jugar una mala pasada a Guevara pues estos indican que Armando Fuentes, por entonces administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos -ASEP-, institución del Estado que regula y supervisa, entre otras cosas, las empresas de telecomunicaciones en Panama es el autor del archivo [13]. Es extraordinariamente preocupante que el nombre de esta persona, quien además también porta una reputación mejorable, aparezca en una petición de INCAUTACIÓN de la cuenta de email de Ayllón, especialmente cuando además este se ha encontrado su línea de telefonía celular desconectada por el operador de ella de forma abrupta y sin razón aparente reciéntemente, 3 días más tarde de reunirse con Guevara y 2 desde su primera visita a la fiscalía y contacto con la perito forense. Los metadatos arrojan también que el archivo fue confeccionado pocas horas después de la reunión de Guevara con Ayllón, es decir, estaba preparado desde hace tiempo para ser presentado a la fiscalía en el momento adecuado. Ayllón pide aclaración a Guevara y este le informa de que Fuentes le ha enviado un adjunto a Guevara que no guarda relación con el proceso y este, a su vez, a su empleado quien, de manera insólita, ha borrado el contenido del mismo y escrito sobre él la petición de INCAUTACIÓN que además contiene el membrete de Guevara Legal Bureau. Además, explica que la diligencia -la incautación- es un procedimiento de rutina [14]. Esta explicación es altamente improbable, siendo lo más normal que el archivo haya sido primeramente creado en la firma de Guevara, con su membrete, haya sido enviado a Fuentes quien habría guardado una copia en su computadora que crea nuevos metadatos con su nombre, lo haya editado, lo haya devuelto a la firma de Guevara y allí, dentro del paquete informático de Office, haya sido editado por última vez para ser enviado a continuación a Ayllón lo que explicaría por qué los metadatos de Fuentes han permanecido.

La petición de Guevara y el timing elegido empiezan así a cobrar mucho sentido. Esto hace la hipótesis de que Guevara está tratando de engañar a su cliente Ayllón la más probable. Una petición de incautación, como un abogado penalista con 30 años de experiencia y profesor de derecho procesal sabe, es extremadamente inusual y consistiría normalmente en solicitar al proveedor de email (en este caso Google) arrebatar la cuenta a Ayllón y cederle la custodia al Ministerio Público. Esta acción es extremadamente inusual, reservada a casos de terrorismo, narcotráfico y similares, por la conculcación de derechos fundamentales del usuario y la magnitud de la misma. Esta petición debe pasar por un juez de garantías quien, en principio, debería negarla por esta razón, pero en este caso la petición procede de la propia parte quien es la que se somete y entonces puede pasar habilitar este filtro porque es el propio afectado quien pide y renuncia a sus derechos. De ser realizada así el proveedor Google llevaría a cabo un registro de los eventos de esa cuenta desde que se la arrebata al usuario, lo que impediría posibles maleanterías por ejemplo de una fiscalía en manos de un personaje maleante y corrupto. Pero Guevara ha informado en un mensaje anterior a Ayllón que la diligencia requiere de su presencia ante un perito y facilitar la contraseña a este entonces. Además una comparación entre este archivo y la versión que le había facilitado anteriormente a Ayllón revela que Guevara ha eliminado del texto anterior que esta tarea debe realizarla un perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses -IMELCF-. Es decir, en realidad no se trata de una petición de incautación a quien tiene la capacidad de poder realizarla a la fuerza, el proveedor de email. Todos estos aspectos juntos hacen que la hipótesis central sea la intención de Guevara en hacerle creer a su cliente que la diligencia se trata de un peritaje forense y una vez llegue ante el perito, ahora no necesariamente del IMELCF -¿Tal vez de la ASEP?-, Ayllón entregue la contraseña de su cuenta, en línea con lo requerido en un peritaje. Pero, al entregar su contraseña, este entonces pudiera ser advertido en ese momento por el fiscal que realiza la diligencia que su cuenta queda incautada, en cumplimiento estricto de la petición, y pasaría en ese momento a custodia de la fiscalía, recordemos, de Marcelino Aguilar y sin que el proveedor de email guarde registros de lo que acontece en la misma. A partir de ahí se puede especular, teniendo en cuenta el perfil de los involucrados, que la fiscalía puede manipular, borrar las evidencias en forma de emails, incluir archivos inapropiados de naturaleza ilegal en el drive asociado o incluso enviar emails en lugar de Ayllón de todo tipo alterando la fecha de la "incautación". En resumen, estariamos hablando de una versíón física de phishing donde Guevara estaría incluyendo la petición para realizar la maleantería JUSTO ANTES de dejar de ser el abogado de Ayllón y poder alegar un "error" en el vocabulario utilizado en la petición de la diligencia, lo que explicaría por qué contacta a Ayllón horas antes de la visita de este a la fiscalía dejando así constancia de que él informó, no obstante, a su cliente de la petición que iba a realizar en su nombre.

Ayllón no le autoriza a presentar la petición a Guevara, sin indicarle las razones aduciendo que la va a revisar detenidamente, y acude a la fiscalía a declarar a la mañana siguiente. Entrega allí la diligencia que ha realizado ante notario que incluye copia de los emails probatorios y el informe de daños confeccionado por un arquitecto idóneo. Se da la circunstancia de que a este informe le falta un sello en el reverso de su última página de la notaría y la auxiliar que le toma declaración, de trato exquisito, le indica que puede pasar otro día con otra copia ya cumpliendo con este requisito. En su declaración [16] Ayllón indica también que ha sido contactado directamente por el abogado de la contraparte, el hermano de Aurelio Vásquez, que ha informado de ello a Guevara quien no parece darle importancia y que además se opone a la petición que ha realizado Guevara en su nombre vulnerando los derechos de los querellados respecto a la inspección indiscriminada de sus correos electrónicos. Ayllón solicita además revisar el expediente y allí encuentra varios hechos extremadamente preocupantes. El email que expresamente había solicitado que Ayllón había solicitado a Guevara incluir auto inculpatorio de uno de los querellados aparece listado en la copia de la querella con un apunte a mano al margen como "no aportado". Es decir, Guevara NO presentó ese elemento de convicción que su cliente le había pedido expresamente incluir. Sólo uno de los querellados, luego de 7 meses, ha declarado, el maestro de obras no idóneo y con causas en otros juzgados, quien no aporta nada de interés en su declaración más que indicar su intención de iniciar una acción legal contra el gerente de la empresa y el propio Ayllón, algo de lo que Guevara no ha informado a Ayllón. El expediente contiene registros de migración de entrada y salida del país del gerente de la empresa, y tal vez de Ayllón como veremos más tarde. Finalmente, la auxiliar quién parece totalmente ajena a cualquier acción irregular le facilita a Ayllón las direcciones de email tanto de sí misma como de la fiscal por si este necesitara contactar.

Ayllón informa a las horas de su declaración a Guevara de la misma via email pero no recibe respuesta ninguna de este. Es facitible considerar que tal vez Guevara, y la fiscal, habían pronosticado que la visita de Ayllón habría sido para revocar el poder a este y las cosas no habían ido de acuerdo al plan.

A los 2 días Ayllón acude con una copia ya convenientemente auténticada del informe de daños para entregarla pero la misma auxiliar, como si hubiera visto un muerto andando, le indica a Ayllón que no puede volver por allí y se lo impide.

A los pocos días, Ayllón considera oportuno en este punto solicitar a la abogada a la que previamente había consultado que acuda a revisar el expediente a la fiscalia y se reune con ella al día siguiente. Sin embargo, en la reunión esta acude con un amigo suyo, quien es abogado penalista y ex-fiscal, en concreto contra el crimen organizado y con apariencia física similar a la de un duende del bosque. Estos le indican a Ayllón que ambos fueron a ver el expediente e informan de que la petición de incautación se encuentra en el expediente -a pesar de que Ayllón no ha autorizado a Guevara a depositarla-, pero que no debe preocuparse respecto al término, pues es una cuestión semántica y que en realidad significa un peritaje, en contraposición con lo que el Codigo Procesal Penal expresa explicitamente -que incluso en su versión comentada incluye jurisprudencia al respecto-. Además, le indica a Ayllón que la petición de "revisión" indiscriminada emails de querellados que ha solicitado Guevara en su nombre es indiferente pues "la fiscal sabe lo que tiene que hacer y para qué molestarse en escribir la misma de forma detallada". A pesar de que Ayllón se ha opuesto a ambas peticiones el ex-fiscal indica que las peticiones están reposando allí y se van a llevar a cabo cuando la fiscal determine. Por último, Ayllón pregunta cuál sería la estrategia de estos dos si decide contratar su servicio legal a lo que es respondido que eso se explicaría DESPUÉS de contratar el servicio. Es evidente que algo ha pasado desde la primera visita en la cual la abogada se escandalizó al ver las peticiones realizadas por Guevara.

Ayllón retorna a Europa y realiza un peritaje informático forense ante Notario [17] de todas las evidencias previamente recogidas en el acta ante el notario panameño y apostilla el documento notarial lo que le da validez legal de vuelta en Panamá. Cuando tiene ya el documento en su poder.

Ayllón envía durante las siguientes 2 semanas a Guevara hasta 3 ofertas de acuerdo extrajudicial para que las revise y se las facilite a la contraparte, no recibe respuesta de Guevara a ninguno de estos mensajes. Ayllón entonces le envía un mensaje indicando que esta listo para llegar a un acuerdo con Guevara que consistiría en acabar con la relación abogado-cliente al concluir la fase investigativa. Guevara responde anunciando su decisión unilateral de concluir brindando su servicio sin esperar a llegar a ese momento procesal y pidiéndole además más dinero [18] a pesar de que su cliente le ha abonado sus emolumentos hasta el final de la fase investigativa. Guevara parece no poder contenerse en su mensaje y mezcla varías veces el nombre de su cliente con el apellido del querellado en mayúsculas y en negrita lo que parece un mensaje velado.

Ayllón informa por email a la fiscal tras renunciar Guevara a su poder que está contactable por email y teléfono y que esta sufriendo ansiedad y trastornos alimenticios a lo que esta responde con un lacónico "estoy enterada" [19]. En un segundo mensaje 2 semanas más tarde le vuelve a contactar preguntando si puede depositar una evidencia (el documento notarial con la pericia forense y el informe del arquitecto autenticado) y una petición (obtener certificación del banco de las transferencias realizadas) a lo que ella envía un email sin responder a la petición solicitando que se pase por la fiscalía. Allí, en el vestíbulo de la fiscalía, le indica que ya sabe lo que va a hacer con su expediente y que esa misma tarde va a hablar con su superior al respecto -se entiende Marcelino Aguilar- se da la vuelta y se marcha sin permitir por tanto que Ayllón presente sus evidencias. Ante eso, Ayllón decide abandonar esa misma tarde el país no sin antes ser dado seguimiento por lo que parecen agentes vestidos de civil durante horas en la terminal del aeropuerto de Tocumen. La razón real por la que la fiscal deseaba que Ayllón estuviera fisicamente en la fiscalía ese día se desconoce.

Finalmente, Ayllón es contactado por Guevara 2 meses más tarde de que este renunciara a su poder incitando, de nuevo, a este a que se ponga en contacto con el abogado de la contraparte -el hermano de Aurelio Vásquez-. Este ignora su mensaje. Jamás recibirá ya ningún otro mensaje en relación con el proceso de la fiscalía ni de nadie.

Tras un periodo de recuperación, Ayllón procede a abondonar la idea de crear empresa y empleos en Panamá y procede a desinvertir completamente en el país, tras más de una década, con la sensación de que al menos ha conseguido evitar la muy real amenaza de tener que indemnizar a quienes le habían estafado.

Este episodio es otro ejemplo más de la inseguridad jurídica existente en Panamá, con casos similares documentados por los medios de comunicación o los propios afectados en redes sociales. La inseguridad y la corrupción ahuyentan a cualquier inversor y por lo tanto crean condiciones artificiales en el mercado local que aumentan los precios de productos y servicios al existir menos competencia -como podemos ver claramente en sectores como la banca, telefonía y medicinas- y limitan los salarios al existir menos empresas solicitando capital humano lo que beneficia al vértice superior de la rancia y extremadamente corrupta oligarquía local, algunos clientes de Guevara, incapaz de competir en igualdad de condiciones y que en la mayoría de los casos ni siquiera comparte valores ni siente pertenencia al país siendo su lealtad únicamente a su grupo étnico y religioso completamente disociado de la sociedad panameña. La corrupción y la inseguridad jurídica son, por tanto, circunstancias por diseño y no sobrevenidas que se perpetúan en el tiempo por generaciones por el interés de estos, como ocurre de igual manera en otras latitudes donde este tipo de personas consiguen acumular cierto poder.

VIDEO:

[VIDEO YOUTUBE] Panamá - Terror en el Ministerio Público

INFOGRAFIAS:

ADJUNTOS:

[1] [IMAGEN] Metadatos confirman que Eduardo Guevara manipuló un acuerdo ya aprobado entre partes 2 días antes de enviárselo a su cliente, a pocas horas de la reunión para su firma, con una modificación perjudicial para su cliente y sin avisarle de la misma

[2] [IMAGEN] La contraparte de Ayllón le envía a este capturas de pantalla entre su abogado y Guevara para demostrar que este no le ha informado de que el motivo de la cancelación del acuerdo es el cambio en una claúsula de última hora

[3] [IMAGEN] El sabotaje al acuerdo original entre las partes, comparación entre la claúsula manipulada en el archivo editado por Eduardo Guevara y su versión previamente acordada

[4] [IMAGEN] El nuevo abogado de la contraparte de Ayllón se pone en contacto directo con este puenteando a Guevara algo que a este no parece importarle e incluso desea que ocurra

[5] [IMAGEN] Guevara incita a su cliente a entrar en contacto con el abogado de la contraparte y este le instruye adecuadamente

[6] [IMAGEN] La claúsula del acuerdo enviado por Vásquez a Guevara y que este, a su vez, transmite a su cliente sin infomarle de la letal implicación de la misma

[7] [IMAGEN] La "doctrina Guevara" indica que si su cliente rechazó una versión anterior de una propuesta de acuerdo ya no se ve obligado a asesorar legalmente sobre sucesivas versiones

[8] [PDF] Las peticiones realizadas por Guevara ante la fiscalía, sin conocimiento del contenido por parte de su cliente, vulneran los derechos de los querellados y abundan, por tanto, en crear una imagen de conducta temeraria

[9] [AUDIO] Extractos de audio de reunión exclarecedores de la conducta de Guevara

[10] [IMAGEN] Aurelio Vásquez, hermano del nuevo y desconocido abogado -que regenta una tienda de abarrotes en el interior- de un querellado junto con Marcelino Aguilar en TV, ambos con fama de manipular expedientes con pruebas fasas o eliminar pruebas válidas

[11] [CHAT] Digicel le confirma a Ayllón que su linea de la que lleva haciendo uso 12 años ha sido desconectada sin razón aparente

[12] [IMAGEN] Extracto de la petición de INCAUTACIÓN en la cuenta de email de su cliente por parte de Eduardo Guevara

[13] [IMAGEN] Metadatos de la petición de INCAUTACION indican que el archivo fue creado por Armando Fuentes, administrador de la ASEP

[14] [IMAGEN] Las peregrinas explicaciones de Guevara sobre la incautación y Armando Fuentes

[15] [PDF] Portada de acta de apertura de correos probatorios ante Notario en Panamá

[16] [PDF] Declaración de Ayllón en la fiscalía

[17] [PDF] Extractos de acta de peritaje informático de correos probatorios ante Notario en Madrid, España

[18] [PDF] Mensaje de renuncia unilateral de Eduardo Guevara en el que además exige a su cliente una cuantía adicional

[19] [PDF] Mensajes entre Ayllón y la fiscal

ENLACES:

Código procesal penal comentado (buscar incautación)

Maleanterías de Aurelio Vásquez y Marcelino Aguilar en caso pinchazos

Marcelino Aguilar fue querellado por maleante manipulando expedientes con pruebas falsas

El hermano de Vásquez regentaba una tienda de abarrotes en el interior al momento de ser contratado para fungir en este caso en la fiscalía de Aguilar

Javier Caraballo mandaba juntos a Aurelio Vásquez y Marcelino Aguilar por las televisoras en los días en los que se desarrolla esta proceso y lo promocionaba en redes

Javier Caraballo fue premiado por el judío gringo Anthony Blinken por sus "logros" en la lucha contra la corrupción

Biografía del exfiscal, abogado mediático y conferencista Eduardo Guevara Cueto

¿Quién es Eduardo Guevara?

El Dr. Eduardo Guevara fue fiscal en el Ministerio Público por muchos años, sonó como candidato a convertirse en Procurador General de la Nación, es conferencista habitual en organismos públicos y privados y entrevistado habitual en medios de comunicación en su condición de experto en materia penal y por ser abogado en casos de interés publico.

Es justo decir que Eduardo Enrique ha dedicado toda su vida profesional al mundo del derecho penal. Durante sus primeros años ejerció por más de una decada como fiscal en el Ministerio Público. Dos ahora exfiscales consultados por Asimistmo coetáneos de Eduardo en aquella institución indicaron que consiguió escalar en el escalafón por su capacidad de medrar con sus superiores más que por sus méritos en el ejercicio de su profesión.

En los tiempos en los que Ana Matilde Gómez fue Procuradora General de la Nación Guevara se convirtió en su mano derecha alcanzando el cargo de Secretario General de la Procuradoría.

Fue por aquellos entonces que Ana Matilde decidió, aprovechando su posición como procuradora, ordenar pinchazos telefónicos sin orden judicial. Ana Matilde fue condenada por la Corte Suprema de Justicia y tuvo que dejar su cargo. Agunos fiscales y altos cargos allegados a Ana Matilde renunciaron al tiempo por solidaridad o porque veían su futuro bastante negro dentro de la institución saliendo la, por consiguiente, delincuente de allí. Uno de ellos fue Don Eduardo.

Mientras Ana Matilde decidió tirar por la vida política y consiguió ser elegida como diputada en la Asamblea Nacional aprovechando esa tendencia de parte de la sociedad panameña de elegir a delincuentes para ser representados a nivel político Eduardo abrió su propia firma legal, Guevara Legal Bureau. Sin embargo, esto no significa que sus caminos se iban a separar.

De hecho, siendo Ana Matilde ya Honorable Diputada decidió formar su planilla dentro de la Asamblea y entre los emplanillados de ella ahí estaba Don Eduardo. Pero claro, Eduardo también era un abogado penalista que ejercía su profesión de forma privada a través de la firma legal que había fundado poco antes y esto en si mismo se convirtió en parte de un escándalo recurrente en la vida política nacional, el tema de las famosas botellas dentro de la Asamblea consistente en que familiares y amiguetes de los diputados estén emplanillados sin que se sepa muy bien a qué se dedican o, como en este caso, donde al tiempo ejercen en el sector privado. Fueron decenas de miles de dólares de dineros públicos los que Guevara se levantó del erario mientras ejercía de abogado de forma privada. Naturalmente, como suele ser habitual en la vida pública panameña tras el escándalo y el bochorno de la ciudadanía durante un tiempo aquello quedó en nada.

Favor con favor se paga y Eduardo Guevara representó a Ana Matilde ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando esta patriota interpuso una acción legal contra el Estado panameño ante este organismo supranacional porque consideraba que había sido condenada inmerecidamente por delinquir y pinchar teléfonos de terceros de manera ilegal abusando de su cargo por la Corte Suprema de Justicia panameña.

Y este hecho marcó un hito histórico en la vida política panameña. Porque al tiempo que Ana Matilde estaba batallando contra el Estado y dejando por el piso a uno de los poderes de este y del que había sido parte resulta que el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen, donde toda sinverguenzura y maleanteria tenía su asiento por loquísima que la idea fuera, decidió que era buena idea postular a la propia Ana Matilde como jueza de esta mismísima institución internacional. Si, Cortizo Cohen, en representación del Estado panameño, postuló para el cargo de jueza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la señora que matenía un caso en contra del propio Estado en una historia digna de haber sido contada por la cuenta de X Crazy ass moments in latam politics de haber existido en aquella época. Ni Ana Matilde, ni Cortizo Cohen ni Guevara, que representaba legalmente a Ana Matilde en esa acción contra el Estado vieron nada extraño en esa jugada pero alguien debió advertirles de lo surrealista de aquello y finalmente el Estado retiró la candidatura de Ana Matilde meses después de presentarla.

Eduardo Guevara también aparece en otro momento icónico dentro de la vida política patria, la revelación de los famosos Varela Leaks. En uno de los chats del entonces presidente de la república Juan Carlos Varela, en concreto con la también procuradora Kenia Porcell en activo en aquel momento aparece mencionado nuestro protagonista. Y es que Varela se encontraba en la ciudad rusa de Sochi, Rusia, en la celebración del mundial de fútbol donde Panamá había conseguido heroicamente colarse y por allí andaba también Guevara. Guevara se acercó en un bar donde Varela se encontraba socializando con la aparente intención de medrar. Porcell le dibuja un perfil rápido de Guevara del que dice ser malo y miserable y apropiarse de dineros suyos mientras que Guevara se había acercado a Varela presentándose como su amigo y Doctor graduado en Francia. También como amigo del también famoso, no por buenas razones, Ibrahim Asvat y confirmó al presidente su estrechísima relación con Ana Matilde.

A Guevara se le ha visto también impartiendo conocimientos con el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, mientras este estaba en activo en un tema, el lavado de dinero, en el que ambos deberían ser contrapartes naturales puesto que el segundo representa intereses de bancos involucrados en distintos escándalos en este respecto. Ambos se conocen bien desde los tiempos de Ana Matilde en la PGN.

Guevara es el protagonista, junto con algunos otros personajes conocidos, de nuestra siguiente historia "Terror en el Ministerio Público" que estamos publicando en días venideros y en la cual se dibujan unas características de su perfil compatibles a las mencionadas por Kenia Porcell, si no más allá y también el abogado de la familia que resultó gravemente herida y que perdió a uno de sus miembros en la fatídica explosión del residencial Costa Mare. "Incomprensiblemente", a Guevara, el Ministerio Público y el Organo Judicial les prescribió la mayor parte de este caso y sobre la que hemos producido una entrada también en Asimistmo y que publicaremos posteriormente.

VIDEO:

[VIDEO YOUTUBE] Panamá - Biografía del exfiscal, conferencista y abogado de casos mediáticos Eduardo Guevara Cueto de la firma Guevara Legal Bureau

ADJUNTOS:

[PDF] Ana Matilde y Guevara crearon un comité consultivo en delitos financieros

[IMAGEN] Un extracto de parte de lo que se llevó emplanillado en la Asamblea Eduardo Guevara mientras trabajaba como abogado de forma privada

[IMAGEN] Viejos Conocidos. Ex procurador Caraballo y ex fiscal Eduardo Guevara en tiempos de Ana Matilde en la Procuradoría

[IMAGEN] ... En tournée' (galicismo), el procurador entonces en activo Javier Caraballo y el abogado representante de bancos Eduardo Guevara hablando sobre lavado de dinero

ENLACES:

Ana Matilde acepta que fue condenada por delito común

Estampida de fiscales en el Ministerio Público

Ana Matilde y Eduardo Guevara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Panamá retira a Ana Matilde Gómez a la CIDH

Entrevista a Eduardo Guevara por Lilia Liu, presentadora de TV, perito informático forense, miembro de la junta directiva de la Bolsa de Valores y del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá

Varela Leaks

Hemos hablado de...

La Ley 462 de la Caja del Seguro Social

Ley de la Caja del Seguro Social, Felipe Chapman y los bancos

Multiples economistas y expertos en la materia han explicado porque esta ley es un retroceso en los derechos de los cotizantes pero apenas se ha aclarado cómo afecta a los bancos. En Asimismto hemos comparado la anterior Ley, la Ley 51 con sus sucesivas modificaciones y la nueva Ley promovida por el Ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, quien fuera asesor de múltiples bancos locales antes de ser nombrado ministro y quien mantiene a familiares y amigos en las juntas directivas de bastantes de ellos.

En primer lugar la Caja del Seguro Social delegará la gestión de sus fondos en los bancos estatales hasta un 90% y hasta un 10% en un gestor de inversión privado. Esto implica que ahora la caja se convierte en cliente del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros y en consecuencia tendrá que pagar por un servicio que con 14,000 millones en cartera podría administrar la misma contratando a economistas, matemáticos, expertos en finanzas de primer nivel internacional. La ley sólo indica que el coste del servicio debe ser "competitvo" pero no indica cúanto la caja debe pagar por él. Si aplicamos un coste habitual del mercado en la región, un 1% sobre el patrimonio gestionado, estariamos hablando que la caja le pagaría a los bancos estatales unos 126 millones por gestionar su patrimonio y otros 14 a un gestor privado. Esos 140 millones pasan del bolsillo de los cotizantes al de los bancos agraciados por un servicio que la caja se podría procurar por sí misma.

Este sistema crea instantaneamente conflictos de intereses pues los bancos estatales pueden convertirse frecuentemente en prestamistas a empresas locales y, al mismo tiempo, en inversores en nombre de la caja del seguro social de esas mismas empresas. Por ejemplo, podrán tener la tentación de haber prestado dineros difíciles de recuperar a una empresa pero que si cuenta con fondos provinientes de la CSS sean más fáciles de recuperar. Nadie ha explicado tampoco qué ganancia obtienen los cotizantes pasando un 10% de la gestión a un operador privado, pues haga lo que haga, debido la pequeño porcentaje no cambiará significativamente el rendimiento global de la cartera de inversiones. Por otra parte, si no hay una gestión centralida se corre el riesgo de que los distintos operadores sobre expongan la cartera a determinados riesgos por falta de coordinación. La medida por lo tanto parece una rebusca para los bancos estatales que obtienen a un cliente forzado.

Con la nueva Ley hasta el 50% de los fondos puede ser depositados en bancos privados locales en depósitos a plazo, en comparación con el 25% máximo de la ley 51. Esto hace la vida más fácil a esos bancos pues no tienen que salir a buscar esa misma plata a los mercados, pero es perjudicial para el fondo porque concentra el riesgo en el sistema bancario panameño y porque hay miles de instrumentos financieros con menos riesgo y más retorno.

El interés mínimo de esos depósitos lo fijará mensualmente la Superintendencaa de Bancos dependiente del MEF.

Las calificadoras de riesgo ya no deben ser de prestigio internacional sino aquellas autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores dependiente del MEF.

La calificacion de riesgo ya no tiene que alcanzar el grado de inversion si no al menos la misma calificacion del país. Esto hace que si el país pierde el grado de inversión algunos bancos pasarán a calificar adecuadamente para recibir fondos de la css.

VIDEO:

[VIDEO YOUTUBE] Panamá - Ley de la Caja del Seguro Social y los bancos

INFOGRAFIA:

[INFOGRAFIAS en Unroll] - Panamá, Ley de la Caja del Seguro Social y los bancos

ADJUNTOS:

[PDF] Texto Unico de la Ley 462 de la CSS

[PDF] Ley 51 de la CSS hasta el 2025

Los Harari

NUEVAS ENTRADAS PROXIMAMENTE

La familia Harari es una de las más opulentas de Panamá. Sus antecesores emigraron a principios del siglo XX desde Siria y su éxito despegó entorno a los tiempos de la dictadura de Noriega. Sus negocios, e incluso en algunos casos sus vidas personales, se encuentran salpicados por escándalos que los llevan cerca de la atención de la Justicia, pero, a pesar de esto, han sido capaces de evitar sentarse en el banquillo.

PH Credicorp, mentiras y cintas de vídeo

Hace unos meses se reunían en asamblea los copropietarios del PH Plaza Credicorp Bank vía telemática. Algunos de ellos habían tenido que recordar al presidente de la junta directiva, Michael Harari, quien es el mayor casero comercial del país y a Mauricio de la Guardia, vicepresidente de la misma y presidente de la Internacional de Seguros, la cuarta aseguradora del país, que se encontraban incumpliendo la Ley pues es su obligación convocar una asamblea una vez cada 365 días, habiendo pasado 16 meses desde la última.

Algunos copropietarios estaban molestos, entre otras cosas, porque luego de 5 años y más de un millón de dólares la sustitución de las cabinas de los elevadores por las que habían pagado esa cantidad no se había llevado a cabo ni se habian aportado razones oportunas de la razón. Además, entorno a las mismas fechas, una deuda de cientos de miles de dólares que tenían las propiedades de la familia de judíos Harari con el PH habían desaparecido, como el millón de dólares.

Teniendo en cuenta el historial de la familia Harari, que incluye ser los propietarios del banco más ligado a los lavados de dinero procedentes de coimas de Odebrecht, el intercambio de maletines llenos de billetes por lingotes de oro también en ese banco reportado en medios de comunicación,la frívola celebración de bodas judías multitudinarias en tiempos de pandemia con nulo respeto por la vida de otros o la utilización de empresas fantasma ligadas a ellos para gestionar edificios donde no son propietarios únicos que vulneran la Ley de múltiples formas, entre otros casos, algún copropietario consideraba conveniente que la gestión de esos dinero debía quedar correctamente esclarecida.

También preocupaba que reciéntemente Harari determinó que era buena idea hacer "mejoras" al sistema de control de aire acondicionado del edificio y esto resultó en que los propietarios pagan de media un 30% más en su consumo que antes de "la mejora" que, por cierto, permite a Harari, o sus subordinados, encender los aires acondicionados de locales privados de otros propietarios a su voluntad. Este tema es tan insólito y refleja tan claramente el ánimo de aprovecharse del resto de propietarios que estamos preparando una pieza separada.

Michael Harari, a pesar de fijar fecha y hora de la asamblea, no acudió y mandó a una dama a dar la cara por él. Mauricio de la Guardia acudió en calidad de "invitado" según la plataforma Teams.

En el acta de la asamblea confeccionada después la mencionada dama desaparece y esta es firmada por Harari violando la Ley, una vez más, la cual indica que es quien presencialmente preside la reunión el que debe firmar el acta. De la Guardia aparece meramente como apoderado de un copropietario escondiendo su condición de miembro de la junta directiva. En definitiva, en el acta no aparece de forma expresa nadie de la junta directiva. Algo así como ese dicho de que el éxito tiene múltiples padres y el fracaso es huérfano.

También desapareció del acta el nombre de la persona que daba explicaciones sobre el mantenimiento del edificio, al ser recordada en la reunión que no dispone de idoneidad para ejercer labores de ingeniería en el país.

En la reunión los mandados por Harari permanecieron en escrupuloso silencio ante la cáscada de solicitud de explicaciones, si bien un colombiano carente de vinculación legal con el PH prometió proveerlas a todos los propietarios por escrito. No es necesario mencionar que la promesa, naturalmente, nunca fue cumplida.

En la reunión se pidierion explicaciones de otros temas, igualmente chuscos, que desarrollaremos en siguientes entregas, como por ejemplo una nota recibida por un copropietario meses antes por la cual la administración hacia notar de forma expresa que los vigilantes de seguridad no están adscritos a ninguna empresa autorizada para ejercer esa profesión, poniéndose así en riesgo la integridad física de todos los visitantes al edificio. Este es un tema importante después del disparo que recibió reciéntemente una persona por un vigilante en los estacionamientos del edificio o las extrañas andanzas de elementos de seguridad en los predios de los locales de propietarios díscolos, asediándoles, como hemos mostrado en varios vídeos en nuestro perfil de instagram.

El volumen de omisiones y "errores" en el acta en comparación con la grabación de la reunión es tan bochornosamente abrumador que apunta a que se pudiera estar dando un presunto delito de falsedad ideológica en la confección de la misma, firmada por Michael Harari y una tal G.C. en su condición de "Building Manager", cargo inventado que no existe en la Ley de Propiedad Horizontal panameña, explicó un abogado penalista consultado, máxime cuando algún copropietario estuvo insistiendo ad-nauseam en la corrección del documento y solicitando la información prometida, la negativa a ambas solicitudes demostraría el dolo. A esto hay que añadir también un posible delito contra la fe pública en la inscripción de otras actas firmadas por Michael Harari e inscritas en el Registro Público de las que dimos cuenta en otra entrega, amén de lo que parece una gestión desleal recurrente y continuada en el tiempo con sus posibles ilícitos adicionales asociados.

En definitiva, estos hechos ejemplifican, de nuevo, la conducta de parte del poder económico del país, por cierto, una parte firme candidata a recibir inversiones de los fondos de la Caja del Seguro Social ahora que la nueva Ley delega en terceros la inversión de estos, diluyendo la responsabilidad de las partes involucradas. La mera noción de que personas que actúan como describimos en este ejemplo estén cerca de esos fondos para la jubilación de los panameños es extremadamente preocupante.

VIDEO:

[VIDEO YOUTUBE] PH Credicorp, mentiras y cintas de vídeo

ADJUNTOS:

[IMAGEN] Extractos del acta de la asamblea del 2024 del PH Plaza Credicorp Bank, calle 50, Panamá firmada por Harari a pesar de estar ausente

[IMAGEN] Administrador del PH Credicorp admitiendo por escrito seguridad irregular

[AUDIO] Audio de la dama que Michael Harari envió a dar la cara a la asamblea por él, suprimida luego del acta

[IMAGEN] Mauricio de la Guardia, miembro de la Junta directiva del PH Credicorp, acudiendo como "invitado"

[AUDIO] Un colombiano del entorno de Harari, no relacionado legalmente con el PH, prometiendo dar respuesta por escrito a la catarata de irregularidades algo que, naturalmente, jamás ocurrió

Los Harari y el ITBMS

La familia Harari son propietarios mayoritarios en icónicos edificios de la Ciudad de Panamá y otros sitios del país y vienen utilizando empresas ad-hoc para facturar por la administración de los mismos. Estas empresas hasta recientemente, cuando no les quedó más remedio, no han venido siendo registradas en el Registro Público y han utilizado nombres comerciales ante el resto de los copropietarios de esos edificios de forma que estos no sabían ni el nombre real de dicha empresa. Las empresas son contratadas por los Harari, para gestionar edificios donde son propietarios mayoritarios y operan desde oficinas propiedad de los Harari. El conflicto de intereses es evidente y los copropietarios de esos edificios quedan en evidente desventaja y desprotección.

La empresa que utilizan por los últimos años es PRIME PROPERTY MANAGEMENT SA, quien cobra cientos de miles a todos los copropietarios en concepto de administración pero quien hasta recientemente ni estaba registrada en el Registro Público como administrador de tales edificios, en abierto incumplimiento de la Ley de Propiedad Horizonta, ni indicaba en sus comunicaciones, reuniones, actas de reuniones de copropietarios su nombre real y quien no se encuentra registrada a día de la publicación de este artículo, 22 de febrero de 2025 para el cobro del ITBMS a pesar de facturarlo en sus contratos, vigentes desde hace años. El sistema de obtención y monitoreo de datos de ASIMISTMO no pudo encontrar ningún momento en el tiempo en el que la empresa haya estado registrada ante la DGI para el cobro de esto impuesto final, de lo que es razonable inferir que puede venir cobrando el ITBMS y apropiarselo.

El ITBMS es un impuesto que se cobra en Panamá a la venta de bienes y servicios y que debe ser entregado al Estado.

Coincidiendo con el inicio de publicaciones de informaciones relacionadas a los negocios inmobiliarios de los Harari por ASIMISTMO la empresa PRIME PROPERTY MANAGEMENT SA ha procedido a empezar a operar bajo su nombre y no bajo el nombre comercial ACCURO PRIME (que coincide de forma exacta con el de una empresa Colombiana registrada con RUC en la DGI) que venia utilizando hasta ahora en absolutamente todas sus comunicaciones, incluyendo actas, por lo que era imposible para los copropietarios saber el nombre real de la empresa que se supone les brinda el servicio y que les factura por ello.

La empresa PRIME PROPERTY MANAGEMENT SA, fundada por Abraham Goti Polanco, PRD jefe de la AUUD bajo el gobierno de Martín Torrijos, está plagada de otras circunstancias irregulares que contaremos en piezas separadas. Seguiremos informando.

VÍDEO:

[VIDEO YOUTUBE] PANAMA - Los Harari y el ITBMS

ADJUNTOS:

IMAGEN - Extracto de un contrato entre Michael Harari y Prime Property Manegement, incluye ITBMS

VIDEO - Comprobación de registro ITBMS de Prime Property Mangament SA en la DGI

Irregularidades Torre de las Américas

Este edificio comercial al frente de Multiplaza también goza de Michael Harari (Regency) como presidente en su junta directiva y de sus prácticas irregulares.

Según se desprende del análisis de escrituras registradas en el Registro Público el edificio se encontraba (se encuentra) sin un administrador legalmente registrado. Además, la comparación de una escritura referente a Torre de las Américas y otra del PH Credicorp, de la que ya hemos hablado por sus irregularidades en una historia anterior, indican que Harari se encontraba en dos reuniones con 2 grupos de personas distintos, en 2 sitios diferentes, el mismo día y a la misma hora, el 5 de febrero del 2020 a las 9am, lo que le concede poderes sobrehumanos siendo otra posibilidad que al menos 1 sino las 2 extemporaneas actas elevadas a escrituras estén basadas en mentiras.

Y es que el abogado Carlos Johel Pinto Campos (idoneidad 8988), de la firma Pinto y Villarreal, anteriormente PR Lawyers, consiguió inscribir escrituras en el Registro Público para ambos edificios de actas de supuestas reuniones ocurridas cuatro años antes (5 de febrero del 2020) entre febrero y Marzo del 2024 en las que se nombraba un administrador. A pesar de que ambas no reunen las características requeridas por la Ley de entonces -el otorgar un poder a la persona física que se desempeñe como administrador de una Propiedadd Horizontal- y, a pesar de que una misma escritura no puede ser alterada una vez entra el Registro Público, como le advertió el propio Registro, Carlos Johel consiguió registrar esas escrituras.

En el caso de Torre de las Américas Pinto ingresó una escritura sin firma del notario y luego la misma pero con la firma del notario suplente de la notaría 9 de Tatiana Pitty Bethancourt (idoneidad 6140) entonces. Se da la circunstancia que quien da fe, Tatiana Pitty y quien firma la escritura, Souhail Halwany Cigarruista (idoneidad 12569), actual notario en la notaría 12 son personas distintas. El Registro le advertió que una vez depositada la misma escritura no puede ser presentada por segunda vez con modificaciones, pues se entiende que su original queda en custodia del Registro, es por tanto inalterable, algo que le dio igual a Pinto pues días más tarde presentó una versión de nuevo y fue aceptada. Un mes más tarde le volvió a ocurrir lo mismo al presentar un acta similar para el PH Credicorp, con la particularidad de que se adicionó a la escritura original una hoja entera que además no contenía sello y rúbrica de la notario alertando de tal modificación a un documento público ya protocolizado y que además cuenta con un sello diferente al habitual de la notaría y del resto de páginas de la misma como ya hemos contado en una historia anterior. La ilegítima apariencia de la escritura y que no cumpliera con los requisitos advertidos por la Ley no fue obstáculo para que Carlos Pinto Campos consiguiera inscribir esa escritura finalmente.

En conclusión, en el Registro Público se pueden encontrar 4 versiones (2+2) de 2 escrituras diferentes, del PH Torre de las Américas y del PH Plaza Credicorp Bank, y que ningunade ellas reunen las características que la Ley requiere. La presencia de todas es, además, abiertamente sospechosa y dan fe de hechos en los que una persona estaba en dos sitios al mismo tiempo, presentadas por un mismo abogado. Carlos Johel Pinto, quien se auto denomina "experto" en la web de su firma, actuó de forma irregular a sabiendas pues el Registro Público le advertió de forma explícita y unívoca de los defectos en ambos casos.

Este es un ejemplo más de las practicas irregulares de Michael Harari, de la familia de judíos Harari (Credicorp Bank, Internacional de Seguros, Regency, etc) y de cómo abogados e instituciones del Estado se plegan a los intereses de determinados poderes económicos pisoteando la Ley y la dignidad de Panamá en su camino. Y así, un país que no se respeta no llevando presos a quien no cumple con la Ley, una y otra y otra vez por muy parte del poder económico no puede exigir que terceros paises lo respeten, como estamos observando en fechas recientes.

¿Quién está detrás de la empresa que factura por "administrar" ambos edificios? Próximamente.

VÍDEO:

ADJUNTOS:

PDF - Escritura original- sin firma de Notario - Acta Torre de las Américas - Entrada RP: 71092/2024

PDF - Registro nota de rechazo, Acta Torre de las Américas

PDF - Escritura con firma notario suplente aceptada - Acta Torre de las Américas - Entrada RP: 71092/2024 - Corrección y 90046/2024, 06/marzo/2024

PDF - Escritura alterada - Acta PH Credicorp con Michael Harari mismo día y misma hora

Irregularidades en el PH Credicorp - Primera Parte

En los perfiles en Redes Sociales de asimistmo estamos contando las irregularidades cometidas por la junta directiva del PH Credicorp, cuyo presidente es Michael Harari (quien es también CEO de Regency) y Mauricio de la Guardia (también CEO de Internacional de Seguros).

En esta primera entrega contamos como el PH lleva sin administrador legalmente registrado durante años y se han venido utilizando empresas sin registrar y en algún caso de dudosa legalidad para dar la impresión de que se opera dentro de la Ley. En Marzo del 2024 la junta directiva, ante la advertencia de uno de los co propietarios de explorar la vía legal tras haber sido agraviado, intentan registrar el acta de una supuesta reunión acaecida 4 años antes, en el 2020, para nombrar a una empresa como administradora. Debido a que la Ley de entonces indicaba que se debe presentar un poder registrado a la persona física que ejercerá como administrador el Registro no permite la inscripción. No obstante, la misma escritura es alterada poco más tarde incluyendo información irrelevante. Los cambios no contienen ninguna indicación de la notario que dio fe de la escritura de que la alteración se ha realizado por su parte. Una página de la escritura es completamente sustituida por otra e incluso el sello de la notaria en esta nueva página es diferente al del resto de hojas.

A pesar de que la información en la escritura sigue sin contener lo que el Registro Público en base a la Ley había solicitado y a pesar de la dudosa apariencia de la misma consiguen finalmente registrar la escritura, un acto que parece ser nulo pues la misma sigue sin contar con los requerimientos necesarios previamente advertidos por el registrador, Los documentos pueden ser descargados desde el Registro Público entradas 125947/2024 (original) y 158559/2024 (alterada) y a continuación:

VÍDEO:

ADJUNTOS:

PDF - Escritura original - Acta PH Credicorp - Entrada 125947/2024

PDF - Registro nota de rechazo - Acta PH Credicorp

PDF - Escritura alterada - Acta PH Credicorp - Entrada 158559/2024

Hemos contado esta primera parte de forma novelada: irregularidades en el PH Credicorp, primera parte

Cambiazo en los estados financieros del Credicorp segundo trimestre del 2024

Los estados financieros del Credicorp del 2º trimestre del 2024 depositados en la Bolsa de Valores de Panamá fueron posteriormente eliminados y reemplazdos por otros, sin nota explicativa. Los números no cambian pero parte de la información es amputada y otra es desplazada desde la sección que firma el representante legal a la que firma el CPA evitando así que el primero firme esos datos.

Destaca el decreciente desempeño del banco pero también que las métricas referentes a la morosidad hayan sido eliminadas por completo del reporte pues, en el original, apuntaban a una tendencia muy positiva. Esta métrica, anteriormente en tendencia negativa, había sido mencionada por Fitch Ratings como una de las variables por las que establecía en perspectiva negativa su rating en Abril.

Vea nuestros perfiles en redes para información detallada: @asimistmo .

PDF - Credicorp estados financieros del segundo trimestre originales depositados y luego eliminados sin explicación en la Bolsa de Valores de Panamá

PDF - Credicorp estados financieros del segundo trimestre modificados

También, las cartas depositadas en la bolsa de valores ahora no incluyen los nombres de quién las firman:

PDF - Última carta con nombres de los firmantes en septiembre 2024

PDF - Primera carta sin nombres de los firmantes en septiembre 2024

PDF - Otra carta sin nombres de los firmantes en octubre 2024

Los reportes financieros depositados del Credicorp vienen siendo históricamente parcos en la sección firmada por el representante legal. Por ejemplo, mientras que otros bancos utilizan entre 14 y 18 páginas en esa sección, el Credicorp utiliza 4 y una de ellas es la portada.

Recordemos que el Credicorp fue denunciado el año pasado por el ex Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, por su presunta participación en el lavado de coimas en el escándalo de Odebrecht por $600 millones pero la denuncia fue vergonzosamente retirada dos días después sin explicaciones. Ningún Harari fue ni siquiera imputado a pesar de ser propietarios, formar parte de la Junta Directiva y Max Harari, cabeza de la comunidad judía en Panamá, el presidente del mismo por entonces.

Mayer

Mayer Mizrachi es el actual alcalde de la ciudad de Panamá. De familia multimillionaria, con el apoyo de la comunidad judía y excelentes contactos a raíz de que su padre emparentara con las hermanas de prominentes empresarios a los que tal vez aspiraba a emular vive con su mamá a sus casi 40 años y acumula algunos fracasos empresariales que no han sido obstáculo para alcanzar el poder en la ciudad capital.

Recientemente Mizrachi alardeó de emprendimientos en sus redes lo que nos llevó a realizar un análisis de Criptext, Elapp y Geekydrop que reveló un pobre desempeño:

[VIDEO YOUTUBE] - GeekyLeaks de Geekydrop

Geekydrop - hoja de cálculo

[VIDEO YOUTUBE] - Criptext

Hablaremos de...

Judíos en Panamá

Se estima que existen 16,000 judíos en Panamá y, una parte desproporcionada del poder económico del país está en sus manos, ¿Cuál es la aportación de los judíos en la historia reciente de Panamá? ¿Deben ser aceptadas algunas de sus enseñanzas supremacistas en los colegios hebreos que luego se plasman en los usos y costumbres de los miembros de su comunidad? PROXIMAMENTE.

Otros temas

En Asimistmo diseccionamos la información. Este medio no nace con vocación de regurgitar noticias que ya cubren otros medios, sino de proveer información exclusiva y amplia fundamentalmente del poder económico y las instituciones del Estado que no gozan del suficiente foco por parte de los medios tradicionales por las razones que sean.

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